Tener un negocio en el cantón Mejía significa pagar más por servicios y trámites. El desorden y la falta de planificación se reflejan en el uso de suelo, en la distribución del comercio y en la ausencia de políticas que mejoren las condiciones de vida de sus habitantes.
En el cantón no existe apoyo real a la inversión. No hay diferenciación en la carga tributaria entre negocios nuevos o antiguos, ni incentivos que faciliten el emprendimiento. Incluso leyes como la del adulto mayor se cumplen de forma parcial o simplemente se ignoran.
El día a día, marcado por la rutina y los constantes acontecimientos, impide a la ciudadanía revisar o cuestionar los cobros que llegan en las planillas de servicios públicos. Aun así, muchos se preguntan por qué iniciar un negocio implica una carga económica adicional por tasas e impuestos distintos a los del resto de contribuyentes.
Un ejemplo concreto es el parqueadero del mercado central, donde el GAD de Mejía cobra $0.70 por hora, sin aplicar la tarifa diferenciada del 50% para adultos mayores. Es decir, deberían pagar $0.35 por hora, tal como establece la ley, pero esa norma no se respeta.
Mientras tanto, en Quito, el alcalde Pabel Muñoz ha propuesto una iniciativa que busca exonerar del pago de la contribución especial de mejoras a los vecinos que reciben obras mediante presupuestos participativos. Una medida que, de concretarse, representaría un importante alivio económico para los contribuyentes de la capital.
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En contraste, en Mejía, el cobro por contribución de mejoras mantiene a los ciudadanos atados durante años, pagando por obras que muchas veces no fueron consultadas, no benefician a sus barrios o quedaron inconclusas. A esto se suma el abandono de las llamadas áreas verdes en lotizaciones y urbanizaciones autorizadas por el GAD, que terminan convertidas en baldíos o basureros.
Frente al aumento de la inseguridad, garantizar un uso adecuado del suelo debe incluir espacios públicos limpios, seguros y funcionales, donde las familias puedan reunirse y los niños jugar sin miedo.
Cada trámite en el Municipio tiene un costo: desde una simple solicitud hasta la obtención de una patente o un permiso más complejo. Los ingresos que recibe la institución la han convertido en un ente con poder económico considerable, pero sin reflejar mejoras tangibles en la vida de los ciudadanos, ni en turismo, obras o planificación a mediano plazo.
La eficiencia de la administración pública se mide también por la capacidad de reducir trámites y modernizar procesos. Optimizar la gestión implica usar menos papel, promover canales digitales accesibles, capacitar a la ciudadanía, y generar ordenanzas que realmente se cumplan.
Nada de eso, sin embargo, parece suceder en la tierra de los nueve volcanes.
